Gran parte de los empresarios argentinos -tanto industriales, importadores como directivos de las principales cadenas de hipermercados- actualmente nadan en un mar de incertidumbre. 

En efecto, las inminentes medidas que comenzarán a regir en breve para un amplio universo de operaciones de importación que se realice en la Argentina, se convirtió en uno de los principales dolores de cabeza de los hombres de negocios.

Y, conforme se acerca el "día D", los temores crecen. 

En concreto, el Gobierno pondrá en vigencia, a partir del 1º de febrero, dos mecanismos de monitoreo y control de las importaciones que funcionarán de manera paralela: 

• Por un lado está el sistema de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI). Es el que impulsa el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray y al que adhirió el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Su implementación está apoyada en una resolución y, como su nombre lo indica, servirá para que el Gobierno conozca, de antemano, qué se va a traer, a qué precios y desde dónde. Queda en manos del Gobierno entonces la potestad de dar luz verde o no a dicha declaración jurada. 

• Por otra parte, también entrará en vigencia otro sistema. Pero éste no está apoyado en normativa alguna. Es una exigencia que transmitió de manera oral el propio Moreno y por la cual cada empresario deberá enviarle un correo al funcionario con un formulario en el que deberá consignar la misma información que en la declaración jurada pero con el agregado de unos datos extras. A esto se suma que el funcionario también tendrá voz y voto sobre cada una de las declaraciones juradas que a su vez le derive la AFIP. Es decir, ejercerá un control en el plano "oficial" y en el "paralelo". 

En este contexto, el Gobierno desde hace días viene tratando de desterrar la idea de que se esté intentando imponer una nueva traba a las importaciones. 

Y Echegaray, en cada ocasión, intentó llevar tranquilidad asegurando que se trata de una iniciativa para poner en práctica el concepto de "ventanilla única", un histórico reclamo del sector empresario, dado que permitiría simplificar las operaciones de comercio exterior y evitar el excesivo papeleo de hoy en día.

Al respecto, el titular de la AFIP aseguró que el mecanismo de declaraciones juradas de importación propone "un salto cualitativo" y una "herramienta fenomenal" para el Estado, y señaló que generará un "ahorro de costos" para el importador.

"¿Por qué puede existir una preocupación (sobre posibles trabas aduaneras), si el país va a vivir del crecimiento y del desarrollo, y le pusimos tecnología con la ventanilla única, sin papeles, para entrar por Internet y con cero contacto con ventanillas del Estado?", se preguntó Echegaray, tras minimizar las críticas expuestas por los industriales.

En este contexto, el Gobierno llevó adelante un encuentro con la Cámara de Importadores y otro, en el marco del Consejo Consultivo Aduanero, con cerca de una docena de entidades empresarias.

La idea era llevar tranquilidad. Para ello, una y otra vez los funcionarios repitieron que el sistema no sólo no insumirá más tiempo sino que incluso, permitirá bajar costos.

Sin embargo, nunca hicieron referencia al "factor Moreno". En buen romance: en cada intervención pública, desde el Gobierno se habló sobre las declaraciones juradas pero nunca se hizo no sobre la súbita exigencia de tener que enviar un correo electrónico a la Secretaría de Comercio Interior, así como tampoco del verdadero poder que tendrá su titular.

A continuación, los puntos aún grises sobre todo el andamiaje de medidas que entrarán en vigencia en menos de una semana: 

1- El criterio según el cual la AFIP aceptará o rechazará una declaración juradapresentada por un importador. Consultado al respecto, el CEO de una empresa de indumentaria deportiva de primera línea, alertó a iProfesional.com que "hasta ahora nadie nos dijo qué van a tener en cuenta para darnos luz verde o no habilitarnos a que importemos un producto. Esto, en definitiva, genera que los argumentos para anular una declaración sean prácticamente infinitos. Esto genera una total incertidumbre". 

2- No se conoce el verdadero "poder de fuego" que tendrá Moreno, tras haber adherido al sistema de declaraciones juradas. Los empresarios se preguntan: una pequeña "observación" por parte del funcionario... ¿hará caer automáticamente la solicitud que hizo el empresario? "Hasta ahora no tenemos idea sobre la verdadera dimensión que tendrá la influencia de Moreno en este esquema implementado por la AFIP. Pero intuimos que va a pesar. Y mucho", disparó el directivo, que pidió estricto off the record por temor a represalias. 

3- Que se utilicen las declaraciones juradas para forzar acuerdos con el Gobierno. Al día de hoy prácticamente no hay empresario que no tema que el "no" del Gobierno, en lugar de estar relacionado con la naturaleza del producto que se desea importar -es decir, que se rechace, por ejemplo, el ingreso de un juguete del exterior por estar fabricado con algún insumo tóxico-, esté vinculado con negociaciones como la del "1 a 1", el polémico sistema que obliga a cada compañía que importa a tener que exportar por el mismo valor. "Si Moreno utiliza las declaraciones juradas para presionar a una empresa, cosa que muchos creemos,va a tener un elemento de negociación y de presión extraordinario", alertó el directivo de una de las cámaras que participó en el último encuentro con la Aduana y la AFIP. 

4- Se desconoce el verdadero sentido de las notas de pedido que hay que enviarle a Moreno vía e-mail. Todavía ningún empresario tiene en claro qué hará Moreno con la información que se le deberá enviar a la dirección de correo electrónico que habilitó para que informen los detalles de toda operación de importación. Los hombres de negocios se preguntan hoy por hoy si no es una "declaración jurada paralela". Es decir, queda por ver si el secretario de Comercio Interior no se adelantará a la promulgación de la AFIP, "puenteando" así los pasos formales, para adelantarle al empresario en cuestión observaciones o negativas sobre la operación de importación que quiere hacer.

5-Dudas sobre los plazos de aprobación. Primero, se conoció que la AFIP se tomaría 72 horas en pronunciarse sobre la declaración jurada y que Moreno insumiría unos 15 días. En lo que pareció una "bajada de línea", Echegaray luego aseguró que el secretario de Comercio "sólo" tomaría 10 días hábiles para dar el "sí" o el "no". Sin embargo, el rumor que se escuchó en el último encuentro entre empresarios y el Gobierno -y del que nadie se expidió- es que, si se adhieren nuevos organismos al sistema de la AFIP -como el INTI o el INAL, por ejemplo- cada uno tendrá a su vez diez días disponibles para analizar las declaraciones juradas. El problema es que dichos organismos, según se especuló en el sector privado, podrían no hacer el trabajo de manera paralela, sino que podría ser un sistema de "postas". Es decir, que luego de la AFIP, la declaración jurada pasaría por Secretaría de Comercio Interior y así sucesivamente. En ese caso los plazos no serían de hasta 13 días sino que se pasaría a uno de 30 días o más, dependiendo de cada sector y artículo.  

6-La incógnita básica: qué hacer si se rechaza una declaración jurada. Si el Gobierno no autoriza la operación, ¿el empresario deberá sentarse a negociar automáticamente? ¿Podrá presentar otro requerimiento al día siguiente o deberá solicitar una entrevista y esperar turno? "El Gobierno puede aprobar o negar un pedido. El punto central es que no tenemos idea sobre qué va a pasar si dicen que no. ¿Cómo sigue la secuencia? Esto no sabemos si va a llevar días o estamos hablando de meses. Tampoco podemos prever si este sistema va a ser incluso más restrictivo que las licencias no automáticas", se quejaba uno de los empresarios consultados por este medio.

En la página de la AFIP se publicó un listado de preguntas frecuentes pero, sobre este punto, se limitaron a informar que "se comunicará a los importadores las novedades producidas y, en su caso, las circunstancias que motivan las observaciones formuladas así como el organismo ante el cual deberán comparecer a los fines de su regularización, de corresponder".

En este contexto, el 1º de febrero hará su debut un sistema que podría funcionar como un simple monitoreo o, tal el temor de los empresarios, se terminaría transformando en una herramienta de control más efectiva que las temidas licencias no automáticas.

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En los formularios que exige el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en paralelo a las declaraciones juradas que pedirá la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se solicitan datos contradictorios, como fecha de embarque y arribo al puerto cuando todavía la empresa no sabe si estará autorizada a comprar en el exterior.

Los datos exigidos para que se envíen This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , más allá de los tradicionales nombres y CUIT, son: descripción, cantidad, variedad, unidad, precio unitario, precio unitario en dólares, total en dólares, origen, posición arancelaria, fecha de embarque, fecha de arribo.

"Cómo voy a saber la fecha de embarque y la de arribo si no sé si voy a poder importar", sostuvo un empresario consultado por DyN.

Asimismo, otro importador comentó que existen fuertes dudas sobre cuál va a ser entonces la autoridad que definirá en caso de que, por ejemplo, el organismo de recaudación autorice una operación a través del sistema de ventanilla única, pero que no cuente con la aprobación de Moreno o a la inversa.

En rigor, un comunicado de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), entidad que salió en respaldo del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, admite que con el nuevo mecanismo que los formularios de Moreno se deberán enviar en forma "paralela" a las declaraciones juradas reclamadas por el recaudador de impuestos.

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El Gobierno en los últimos meses reforzó su política del "cerrojo" a las importaciones. 

Y lo viene haciendo con tres objetivos en mente: por un lado, busca proteger el empleo y la producción local; también apunta a forzar a las empresas importadoras a radicar procesos productivos en suelo argentino y, por último pero no menos importante, intentasostener el superávit comercial del 2012 y así cuidar los dólares que hay en la economía. 

Más allá de los pros y los contras de esta política de administración del comercio exterior, los problemas se magnifican cuando es el propio "Made in Argentina" el que sufre parte del castigo de estas medidas restrictivas. 

Es decir, cuando es la propia industria nacional la que no puede contar con insumos que obligadamente deben ser importados y son fundamentales para avanzar en diversos procesos productivos. 

En este contexto, la luz de alerta volvió a encenderse en la provincia de Córdoba, más precisamente en Ferreyra, ya que la fábrica de automóviles de Fiat volvió a registrar serios inconvenientes por no contar con las licencias (permisos para importar) necesarias para liberar partes y piezas que ya estaban en un depósito fiscal que posee la propia empresa. 

De acuerdo al Sindicato de Mecánicos de Córdoba (Smata), las demoras en la entrega de licencias implicaron que la planta deje de operar gran parte del miércoles. 

Según consignó el diario La Voz del Interior, durante la mañana del jueves no se produjo el ensamblaje de vehículos, con la suspensión de operarios que percibirán el 75 por ciento de los haberes.

Cabe destacar que ayer arribaron a la Aduana de Córdoba licencias firmadas por la secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri, el pasado 14 de enero. Es decir, que desde que se autoriza una importación en Buenos Aires hasta que la empresa puede contar con componentes importados en Córdoba hay unos 10 días de demora.

Leonardo Almada, vocero del Smata, confirmó al matutino cordobés los inconvenientes verificados en Fiat y, aunque aclaró que la planta estaría funcionando con normalidad entre jueves y el viernes, expresó la preocupación del gremio por "la falta de resolución" de los problemas en la terminal. "Estamos haciendo gestiones a nivel gremial tanto en Córdoba como en Buenos Aires para que esto se supere", comentó.

Fiat: idas y vueltas con el Gobierno
Este suceso pone al desnudo las dificultades de implementar un sistema de restricciones a gran escala. Y el problema se potencia en este caso, dado que la industria automotrizexplica la mitad del crecimiento de la industria nacional.

Sin embargo, el de ayer no fue el primer incidente que padece Fiat. 

Cabe destacar que la empresa debió frenar la producción a comienzos de enero por un problema similar, aunque en esa oportunidad la empresa reconoció oficialmente el inconveniente con las restricciones a la importación, lo que generó una dura reacción del Gobierno. 

En ese entonces, la ministra de Industria, Débora Giorgi, calificó a la medida como "mezquina y alejada de la realidad" y señaló que "es incomprensible la actitud del grupo Fiat de parar la producción con el consabido perjuicio que esto le ocasiona a sus trabajadores".

"El grupo argumenta un supuesto faltante de piezas ocasionado por una modificación en el sistema de importación, cuando se tienen pruebas fehacientes de que los requerimientos que la empresa realizó el viernes pasado para importar partes y piezas fueron liberados en gran parte", había recalcado Giorgi.

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