Aprueba la Ordenanza 7-26 para simplificar la matriculación, habilitación y certificación técnica de buques nuevos o incorporados a la Matrícula Nacional mediante Organizaciones Reconocidas. Afecta directamente a armadores, astilleros, sociedades de clasificación y operadores de transporte por agua, agilizando los tiempos de puesta en servicio de embarcaciones comerciales e importadas.

Incrementa un 33,2% las tarifas de los «Servicios a Terceros» de la Dirección de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre según el IPC. Afecta directamente a agencias marítimas, armadores y operadores portuarios, impactando de forma indirecta en los costos logísticos y de flete de las importaciones por vía marítima y fluvial.

Aprueba la Ordenanza 2-26, desregulando el registro de embarcaciones menores y motores náuticos. Facilita las operaciones de importación al permitir optar entre el certificado aduanero de ARCA o una declaración jurada, eximiendo además de inscripción obligatoria a motores fuera de borda menores a 85 kW.

Formaliza el recambio de directores en la Dirección de Gestión del Riesgo (asume A. Degregori) y la Dirección de Investigaciones y Procedimientos (asume E. L’Abbate).