Se restituye la plena vigencia de las normativas y la existencia de los organismos que fueron disueltos o transformados por decretos previos del Poder Ejecutivo, los cuales habían sido rechazados por el Congreso. En consecuencia, vuelven a operar entidades como la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), entre otros.