El laberinto cambiario y regulatorio frena las compras y las ventas externas

CÓRDOBA.- El salto del dólar paralelo, las nuevas restricciones para el giro de dólares, la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la aceleración de la inflación y la incertidumbre política no hacen más que profundizar los problemas que ya enfrenta el comercio internacional en la Argentina. En los últimos diez días importadores y exportadores vivieron el mismo frenesí y las dudas de todos los agentes económicos. “Operar con cierta normalidad en este país es imposible, cada día es un nuevo obstáculo a superar”, grafica un empresario mediano. La expectativa es que el sistema “se desmantele completamente” en el próximo gobierno.

Tanto la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) como la de Importadores (CIRA) coincidieron en que los mayores problemas los afrontan las empresas medianas y chicas porque las más grandes tienen know how y, además, capacidad financiera para surfear los problemas.

El economista y exministro de la Producción Dante Sica plantea que la normalización del comercio internacional se dará con la unificación del tipo de cambio y la remoción del cepo: “El desarme del esquema SIRA irá de la mano de esas medidas, es todo un junto. La alternativa es volver al SIMI, que sigue las directrices de la administración de comercio de las Organización Mundial de Comercio (OMC) que implica también eliminar las licencias no automáticas”.

El Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) fue reemplazado en octubre del año pasado por el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). El SIMI, a su vez, había reformulado el esquema de las declaraciones juradas (DJAI ) en enero de 2016.

En esencia, todos los mecanismos buscan que las importaciones se muevan al ritmo de los dólares disponibles; el fondo de la cuestión es ese. Si hay más reservas en el Banco Central, hay más dinámica en las importaciones y, en consecuencia, en la producción y en las exportaciones.

“El comercio controlado solo genera distorsiones y provoca una caída de operaciones -dice el economista Luis Palma Cané-. Lo que se está haciendo contraría lo que hacen los países que se desarrollaron. Lo primero que debe lograr quien asuma en diciembre es remover todas las restricciones, los cupos, los cepos. Es vital lograr una normalización”.

Por supuesto que todas las fuentes consultadas por LA NACION coinciden en que el problema de origen de las distorsiones en el comercio internacional desde la Argentina es una macroeconomía desequilibrada que, sumada a los sobresaltos políticos y a los cambios permanentes de reglas, genera incertidumbre pero también desconfianza en los agentes económicos.

Experto en agronegocios -el campo es el motor del ingreso de divisas al país por lo que el impacto de la sequía terminó de golpea a la actividad general-, Iván Ordoñez, describe que en la actualidad, por la brecha cambiaria, el “negocio es importar; el incentivo está redireccionado y empuja a tratar de conseguir dólares a una tasa de cambio diferencial y venderlos por pesos”. Grafica que un frigorífico, por ejemplo, prefiere vender en el mercado interno y no al mundo.

Repasa que las únicas exportaciones que deben liquidar a los siete días son las de granos; para el resto el plazo es de 180 días: “Si por mes gano 8% por la devaluación exportar y liquidar 180 días después es una posibilidad que todos analizan. Estamos jugando con el valor del tipo de cambio y de la tasa de interés y mientras esa ecuación parezca razonable se intentará salir de cualquier estrategia liquidadora de exportaciones”.

Laberinto de regulaciones

Las cámaras empresarias enfatizan que la “incertidumbre” regulatoria es muy fuerte en el país. El economista de la CERA, Federico Bernini, apunta que en lo que va del año el Banco Central emitió 11 comunicaciones que, “de una manera u otra” alteran el intercambio. El año pasado fueron alrededor de una por semana. Admite que algunas son “muy puntuales” pero otras directamente van a aspectos cruciales de las operatorias.

Menciona, por ejemplo, la del 20 de abril que tuvo como objetivo postergar los pagos de unos US$2000 millones en importaciones de servicios y fletes. Por la normativa se deben pedir autorizaciones previas para acceder al mercado cambiario. El impacto sobre las navieras, por caso, es significativo. Hasta ese momento el agente que pagaba en dólares los pedía al Central y los transfería, “ahora, para hacerlo, siendo la misma empresa, debe esperar 60 días. Lo que implica un costo adicional. Las empresas pararon el servicio local, se frenaron exportaciones ya facturadas”.

Bernini ratifica que, como otras medidas, esta golpea más a las empresas más chicas: “Una grande tienen acuerdos directos, pide la autorización del giro y no tienen problemas. Las Pymes, en cambio, tienen dificultades. A eso hay que sumarle problemas estructurales como que no hay financiamiento de exportaciones y que la logística es deficiente”.

Insiste en que tanto el SIRA como el SIRASE (Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos de Servicios al Exterior) implican “trabas, no está asegurado el acceso a insumos y bienes de capital”. En el caso del SIRASE, grafica con las demoras que enfrentan las exportadoras que envían a distribuidoras, las que les cobran un fee por su tarea. “A medida que los tiempos se alargan los costos aumentan y, otra vez, afecta principalmente a las Pymes, que tienen menos recurso para sortear los problemas”.

En esa misma línea incluye la decisión de la AFIP de fines de marzo de suspender el régimen de percepción permitía a grandes importadoras quedar exentas del pago de IVA y de Ganancias. “En el fondo es como un aumento de impuestos; con la actual inflación el lapso de 180 días para descargar el IVA se come el capital de trabajo”, sintetiza Bernini.

Al momento de la medida, la Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina (Fecacera), subrayó el “perjuicio directo” que generan esas percepciones al acumular saldos a favor que, en gran parte de los casos, “exceden ampliamente lo que se determinará como impuestos”. También indicaron que los plazos para computar esos saldos a favor van de nueve a 18 meses con lo que, “según los índices de inflación proyectados, ese capital de las empresas se licúa a la mitad o menos de la mitad”.

“Son disposiciones que van en sentido contrario a solucionar uno de los mayores problemas macroeconómicos de la Argentina: el déficit fiscal. De esta forma, se continúa en la línea de aumentar la presión tributaria sobre el ámbito productivo en lugar de enfocarse en recortar el gasto ineficiente”, agregó la Fecacera.

La instrumentación del dólar agro es otro aspecto que marcan los especialistas porque, para las economías regionales, no funciona con fluidez. Ordoñez advierte que, en general, “cuando hay una norma que otorga discrecionalidad a un funcionario para decidir si se cumplieron o no las condiciones para ingresar, se abre la puerta a favoritismos”.

La referencia es a que para ingresar al esquema de dólar a $300 hasta el 31 de agosto para exportar, las empresas deben sumarse a Precios Cuidados, lo que implica subas para el mercado interno de entre 3% y 4% mensual en un contexto de inflación más alta. Un análisis general de la CERA indica que, para que el programa convenga, hay que exportar entre 60% y 70% de la producción.

Sica coincide en que los condicionamientos, la burocracia que interviene en el programa y la devaluación son factores que no incentivan a aceptar estos “paliativos”; también señala que la “capacidad de control” del Gobierno “se deteriora a medida que la crisis se profundiza. El plan de (Sergio) Massa pasó de ‘llegar’ a ‘aguantar’ y ahora es ‘arrastrar’”.

Riesgos altos

Palma Cané apunta que las importaciones de insumos y bienes intermedios son calves para la producción y que es imposible desarrollar una actividad con regularidad en un contexto de limitaciones extremas. “Muchos empresarios a los que las autorizaciones se les demoran apelan a importar con dólar CCL o MEP lo que les genera costos extras; las restricciones siguen ahogando al sector privado”.

A la hora de evaluar las exportaciones, subraya el impacto de las retenciones, ya que la Argentina es uno de los “pocos países del mundo” que “hace un enfoque fiscal de estas operaciones”. Sostiene que “con tipo de cambio artificial y retenciones se genera una dificultad enorme. El Banco Central, entre la desesperación por conseguir divisas y la mala praxis inventa tipos de cambio que solo generan más incertidumbre”.

Para Sica hoy producir “ya es una tortura” para muchas empresas por la “complejidad extrema” que implican “regulaciones, falta de precios, desequilibrios macro”, con lo que enfatiza que hay quienes mantienen exportaciones “aún a pérdida, para sostener lo hecho, los mercados ganados”.

“Hay problemas para expandir mercados; la marca país se ha deteriorado, hay un daño reputacional -agrega-. A veces, entre la alternativa de la Argentina o Brasil hay quienes eligen a los brasileños aun cuando puedan ser más caros porque son más confiables, hay certeza de cuándo van a pagar, de que llegará a tiempo. Desde la importación es imposible planificar nada; incluso en proyectos de inversión en sectores que funcionan hay dudas sobre cuándo llegan los equipamientos”.

Igual que Bernini, dice que los mayores daños son para las Pymes ya que las grandes están más consolidadas en los mercados y tienen más chances de superar problemas: “Con un mercado externo con tantas complejidades, el interno tracciona más pero cuando se vuelvan a ajustar las variables y se quiera salir costará mucho recuperar lo perdido”.

“Las compañías dejan de, agresivamente, buscar la exportación como estrategia de ventas -reitera Ordoñez-. Están los que atravesaron turbulencias enormes pero ahora privilegian el mercado interno. Toda la economía está diseñada para decir ‘no exportes’”.